La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y otros organismos de seguridad del Estado, puso en marcha la «Operación Garantía de Paz 2.0», una intervención conjunta y coordinada en sectores priorizados a nivel nacional, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar el libre esparcimiento de la población.
El lanzamiento oficial se realizó este viernes 3 de octubre en la explanada del Palacio de la Policia Nacional, encabezado por la Dirección General de la institución, junto a representantes de los organismos participantes.
Según explicó Faride Raful, la ministra de Interior y Policía, la operación contempla refuerzo del patrullaje preventivo, labores de inteligencia, medidas de investigación y operativos focalizados, con el fin de reducir la incidencia delictiva, el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, el microtráfico de drogas, la venta de bebidas alcohólicas adulteradas y el funcionamiento de armerías clandestinas, entre otros ilícitos que generanintranquilidad en las comunidades.
Asimismo, dijo que se intervendrán colmadones, discotecas, drinks y otros espacios públicos que operen fuera de la normativa, para garantizar la convivencia pacífica y la tranquilidad de los moradores de los sectores priorizados.
De su lado el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, destacó que esta acción se ejecutará bajo los lineamientos del Decreto 212-21 y la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, siempre con estricto respeto a la ley, a la dignidad y a los derechos de las personas.
La Operación Garantía de Paz. 2.0 marca el inicio de una nueva etapa de intervención estratégica, que integra la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Comando Conjunto Unificado, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Migración y el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), entre otras instituciones, reafirmando el compromiso del Estado dominicano con la seguridad de todos los ciudadanos.
