Santiago, RD. – Representantes legales del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer depositaron una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el ingeniero Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente de la Junta Directiva del patronato, así como contra Dilcia Vargas Sánchez, Luisa Yasiris Guzmán de Lora y la Fundación Tócaterd, por presuntos delitos de abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos.
La acción legal se produce tras una auditoría interna que, según la institución, reveló indicios de un uso irregular de los fondos del Instituto Oncológico del Cibao, entidad que durante décadas ha ofrecido servicios médicos a pacientes de escasos recursos afectados por el cáncer.
Presunto uso de fondos para fines personales
De acuerdo con la denuncia, los exdirectivos habrían desviado recursos destinados a tratamientos y operaciones oncológicas para beneficio personal, contraviniendo los principios de la organización.
Los documentos depositados ante el Ministerio Público señalan que los antiguos administradores se asignaron salarios superiores a los RD$600,000 mensuales, a pesar de que los cargos directivos son de carácter honorífico y no remunerado.
Asimismo, se acusa al ingeniero Lora Cruceta de haber utilizado una empresa vinculada a su expareja, Dilia Vargas, para canalizar comisiones provenientes de facturaciones realizadas al Servicio Nacional de Salud (SNS).
Irregularidades en facturación a las ARS
La querella también sostiene que los implicados habrían inflado los montos de facturación a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), reportando medicamentos de alto costo por sumas mayores a las realmente aplicadas a los pacientes.
Como consecuencia, muchos enfermos veían agotados sus balances anuales sin haber recibido los tratamientos correspondientes, afectando principalmente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que habría pagado servicios no suministrados.
Investigación en curso
El Patronato Cibaeño Contra el Cáncer solicitó a la PEPCA que se realice una investigación exhaustiva para determinar la magnitud del presunto desfalco y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la ética y el servicio social, y aseguró que continuará colaborando con las autoridades “para que cada peso destinado a la lucha contra el cáncer sea usado donde realmente se necesita: en los pacientes”.
