Este martes fue presentada la publicación “Un presupuesto sin pacto”, un análisis que evidencia que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 prioriza el equilibrio macroeconómico sin abrir espacio para la justicia fiscal, la redistribución del crecimiento ni el fortalecimiento de un Estado social capaz de garantizar derechos.
Según Rosa Cañete Alonso, economista y autora del estudio, hablar de política fiscal es hablar de derechos. Sin embargo, el presupuesto vuelve a presentarse como un ejercicio centrado en ajustar cifras sin responder a las preguntas esenciales: ¿cuáles son las prioridades del país?, ¿qué Estado queremos?, ¿quién paga y quién se beneficia? “Un presupuesto sin un Pacto Fiscal poco puede hacer para fortalecer la legitimidad del Estado y convertirse en un instrumento de desarrollo”, señaló.
El estudio advierte que República Dominicana permanece atrapada en un “bucle fiscal”, caracterizado por ingresos estancados, gasto creciente e ineficiente y un déficit crónico que se retroalimenta. Desde 2020, “los ingresos corrientes ya ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos corrientes”, lo que ha abierto un déficit primario desconocido antes en la historia reciente del país. El Estado ya no se endeuda para invertir, sino para pagar gastos cotidianos, una señal clara de deterioro estructural.
La publicación sostiene que recaudar más no bastará si no se gasta mejor. La calidad del gasto público continúa limitada por rigideces, clientelismo e ineficiencias que impiden transformar recursos en derechos efectivos.
El documento también pone el foco en otra carga estructural: la nómina pública. Entre 2005 y 2025, el empleo estatal se triplicó, creciendo un 61 % entre 2005–2012, un 73 % entre 2012–2019 y un 18 % adicional entre 2020 y 2025. En 2026, la nómina asciende al 5.53 % del PIB, el 34 % de todo el presupuesto nacional.
Rosa Cañete la economista y autora del informe plantea que “el problema no radica en el número de empleados públicos en sí mismo. Un aparato estatal más grande no es negativo si se traduce en servicios públicos más accesibles, eficientes y de calidad. El verdadero problema surge cuando ese crecimiento no responde a necesidades institucionales ni a mejoras en la calidad del servicio, sino a criterios políticos y clientelares.”
El informe señala que no tiene sentido hablar de pacto fiscal sin reforma institucional: recaudar más sin gastar mejor solo profundiza el problema estructural. En el presupuesto 2026, el presupuesto de la Presidencia asciende a RD$130,000 millones, el tercero más alto del país, superando el presupuesto conjunto de 12 ministerios más la Procuraduría. La Presidencia maneja más de 20 subprogramas y unidades ejecutoras, muchos con funciones fuera de su mandato. Aunque en 2021 se ordenó revisar el sector social a través del Decreto 497-21, la reforma nunca se concretó.
