El Estado dominicano ha logrado recuperar aproximadamente RD$6,500 millones que habían sido sustraídos del patrimonio público a través de distintos actos de corrupción, informó Fernando Henríquez, coordinador general de abogados del Estado en materia de recuperación de bienes.
Henríquez explicó que del total recuperado, RD$3,500 millones corresponden directamente al trabajo del equipo de abogados del Estado en procesos de recuperación de bienes, mientras que otros RD$3,000 millones fueron recuperados por un equipo legal distinto en el caso de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), lo que en conjunto consolida una política pública de recuperación que asciende a RD$6,500 millones.
“El parámetro que se ha utilizado en todos los acuerdos es que las personas devuelvan exactamente lo que se ha podido identificar que obtuvieron de manera irregular, ni un centavo más ni un centavo menos”, afirmó Henríquez al detallar los mecanismos utilizados para alcanzar estas recuperaciones.
El jurista explicó que muchos de estos procesos se han logrado mediante acuerdos judiciales, los cuales permiten al Estado acelerar la recuperación de fondos, evitar procesos judiciales prolongados y desmontar estructuras de corrupción complejas. Indicó que este tipo de mecanismos son utilizados a nivel internacional y representan una herramienta válida dentro del marco legal.
Henríquez subrayó que la República Dominicana se encuentra en un proceso de transformación en la lucha contra la impunidad, luego de décadas en las que, según afirmó, no existió una persecución real contra las redes de corrupción incrustadas en el aparato estatal: “estamos dando los primeros pasos para marcar una diferencia y establecer consecuencias reales”, sostuvo.
En relación con el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde el Ministerio Público investiga pagos por más de RD$3,882 millones mediante un presunto esquema fraudulento, Henríquez informó que el Equipo de Recuperación ya se ha constituido como querellante y actor civil con el objetivo de lograr la recuperación total del daño ocasionado al Estado.
Precisó que estos montos aún deben ser confirmados mediante auditorías de organismos como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otras entidades fiscalizadoras, y advirtió que las cifras podrían variar tras los peritajes definitivos.
Sobre los honorarios del equipo legal, Henríquez explicó que su contrato establece un pago del 15 % sobre los montos recuperados, porcentaje permitido por la ley, aunque aclaró que en el caso específico de Senasa el equipo ha decidido actuar de manera pro bono, para que el 100 % de lo que se recupere sea destinado al sistema de salud.
“La misión es clara: lograr que los recursos que fueron arrebatados al Estado regresen a su propósito original, para garantizar servicios dignos a la población”, expresó.
