El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) hizo este lunes un enérgico llamado a los actores económicos, al Gobierno y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos a evitar la infiltración del narcotráfico y sus recursos en la economía nacional y en la vida política del país.
La organización expresó su preocupación ante las recientes informaciones que vinculan a figuras del empresariado dominicano con actividades de narcotráfico y lavado de activos, algunas de ellas con estrechos vínculos con el poder político y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente lidera el Gobierno.
Según Participación Ciudadana, estos hechos han generado una justificada alarma en la sociedad dominicana respecto a la eficacia de los mecanismos de control del Estado y de los organismos de supervisión —financieros y no financieros— establecidos en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los cuales están llamados a impedir que capitales ilícitos penetren en la economía y el sistema político nacional.
PC insistió en la necesidad de que los partidos y movimientos políticos fortalezcan sus mecanismos de control interno, especialmente en lo referente a la afiliación de miembros y la recepción de fondos privados, con el fin de proteger la credibilidad del sistema democrático y evitar la contaminación de sus estructuras con dinero proveniente del crimen organizado.
En ese sentido, la entidad reiteró su propuesta de que los partidos, movimientos, agrupaciones políticas y candidatos sean considerados sujetos obligados no financieros bajo el marco de la Ley 155-17.
Esta medida los obligaría a aplicar debidas diligencias sobre el origen de los fondos utilizados en campañas y actividades políticas, dificultando así el ingreso de dinero procedente del narcotráfico u otros delitos.
Sobre el caso del PRM, PC reconoció que esa organización emitió un comunicado desvinculándose de los actos ilícitos atribuidos a algunos de sus miembros, alegando responsabilidad penal individual. Sin embargo, advirtió que el partido oficialista tiene una cuota de responsabilidad institucional al permitir el ingreso o financiamiento de personas vinculadas a actividades ilícitas.
La organización recordó los casos de dirigentes y exlegisladores del PRM condenados o investigados por narcotráfico, entre ellos Miguel Gutiérrez, Rosa Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, así como alcaldes y regidores como Edickson Herrera.
También mencionó los más recientes expedientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición por Estados Unidos.Participación Ciudadana subrayó que en muchos de estos casos las actividades sospechosas de los implicados eran conocidas públicamente en sus comunidades, por lo que llamó a los partidos a ejercer una supervisión más rigurosa sobre sus cuadros locales.
Finalmente, la entidad exhortó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas— a usar su facultad reglamentaria para clasificar a los partidos y candidatos como sujetos obligados no financieros, con todas las responsabilidades que establece la ley.
